Corrupción en España
Y para despedirnos de esta asignatura, vamos a realizar el último trabajo acerca de la corrupción política vivida en España en estos últimos años.Casos de corrupción podemos encontrarlos es España desde hace bastantes años. Desde el reinado de Felipe III, pasando por la Segunda República o durante el Franquismo con el famoso caso del Estraperlo, entre otros.
Pero nosotras vamos a centrarnos en casos más recientes.
En primer lugar, vamos a hacer una breve pasada por el caso más conocido del mandato de Felipe González, el caso GAL.
Los GAL, como se les conocía, consistía en un grupo antiterrorista ilícito creado por el gobierno para hacer frente a ETA. Se le achacaron 27 muertes, todas ellas de personas cercanas al entorno de ETA. En esta trama se encontraban imputados guardias civiles, altos cargos del gobierno socialista y Felipe González, quien fue acusado de ser el señor ‘X’, es decir, el dirigente del entramado GAL.
Cartel de la película que se basó en el caso de los Gal.A continuación vamos a hablar más extensamente de otros casos muy recientes.
Operación Malaya.
El caso Malaya es el nombre que recibe una operación contra la corrupción política es España. Sus primeras investigaciones se remontan a 2005 y se marcó el objetivo de destapar un entramado de asociaciones que encubre numerosas actividades delictivas como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, etc…
Este caso fue el que abrió las puertas hacia otros posibles casos en decenas de ayuntamientos distribuidos por toda España.
Uno de los primeros detenidos fue Juan Antonio Roca, asesor del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, y antiguo partícipe del gobierno de Jesús Gil. Fue considerado la presunta cabecilla de la trama. Y fue imputado por blanqueo de capitales y cohecho, entre otros.
También fueron detenidas junto a él la alcaldesa, Marisol Yagüe, e Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde, aunque ellas quedaron en libertad en varios días.
Meses más tarde, ya en el año 2006, tuvo lugar la detención, entre otras personas, de Julián Muñoz. Este hecho tuvo más repercusión mediática por parte de la prensa del corazón por el hecho de ser pareja, en ese momento, de Isabel Pantoja. El ex-alcalde de Marbella fue detenido por malversación de caudales públicos.
En el año 2007 se produjeron más detenciones, sobre todo de personas acusadas de blanqueo de dinero. Pero sobre todo destacó la detención durante varias horas de Isabel Pantoja, hecho que fue explotado por numerosas cadenas de televisión.
Con este hecho se cerró primera parte de la instrucción a la espera del auto de conclusión del sumario.
En la imagen, Julián Muñoz junto a Roca.Caso Gürtel
Una larga investigación del juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) culminó con la desarticulación de una extensa trama corrupta que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales.
Entre los detenidos de la trama se encuentra el empresario Francisco Correa, habitual organizador de actos del PP, hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio; y dos personas más que aparecen en su
amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez.
Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada). La policía judicial practicaba registros en domicilios particulares, empresas y despachos de diversas localidades de Madrid capital y de sus alrededores, así como en sedes institucionales de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la propia administración autonómica valenciana, además de en viviendas de Marbella y Sotogrande (Cádiz).
El juez Garzón,en el centro, junto a los imputados.Una vez analizada esta documentación, desfilarán ante Garzón los cargos políticos implicados en las supuestas corruptelas. Durante los meses -más de un año- que ha durado esta investigación, la policía ha acumulado abundante información a través de las escuchas practicadas. Indicios de corrupción que serán verificados ahora con los testimonios de los imputados y las pruebas documentales obtenidas en los registros que hasta el momento se han realizado. Esta trama tiene un doble vínculo con el PP.
Por un lado, recibía decenas de adjudicaciones en condiciones sospechosas de administraciones bajo gobierno de dicho partido. Por otro lado, le prestaba servicios electorales al partido sin dar cuenta de los gastos al Tribunal de Cuentas, que en varias ocasiones puso serios reparos a la contabilidad de la formación por esta anomalía.
Esta trama corrupta vivía de fondos públicos apoyados por el trato de favor del que gozaba el pp . Este lograba mantener una estructura que mas tarde realizaba servicios a la misma formación política. Por ello podemos encontrar empresas vinculadas a la trama de Correa como proveedoras del PP en elecciones tales como: las autonómicas de mayo de 2003 en Madrid; en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana ;y en las de 2004 en el parlamento andaluz.
Impresionablemente, ninguno de los informes nos dan datos sobre los tipos de servicios que estas empresas prestaron, lo que constituye una irregularidad electoral.
Podemos tomar como ejemplo a Rialgreen, la cual nunca detalló qué servicio prestó al PP en dicha campaña andaluza de 2004. No aportó facturas ni documento alguno. Podríamos citar varias comunidades como la valenciana. En la que el Tribunal de cuentas exige facturas a cada proveedor electoral de los partidos servicio prestado en campaña cuesta lo que vale y no hay rebaja ni regalo. Es decir, que esta no supone ningún fraude.
Aquí, el opaco proveedor electoral es habitual contratista de gobiernos municipales o autonómicos del PP. El reguero de adjudicaciones públicas en los últimos 10 años se extiende por toda España: Galicia, Comunidad Valenciana, ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Boadilla, y un largo etcétera, e incluso la Federación Española de Municipios bajo presidencia del PP hasta 2003.
Una singularidad más. Una de sus empresas más conocidas y polémicas, Special Events, tiene su
accionariado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate. En Special Events ha trabajado Antonio Cámara, ex secretario personal del presidente Aznar. Con cuatro empleados, Special Events logró unos ingresos de 4,4 millones de euros en 2003.
Baltasar Garzón, en el primer auto, acusa a Francisco Camps de recibir 12.783 euros en trajes a cambio de adjudicaciones por valor de cuatro millones a las empresas de Correa. El juez retendrá temporalmente parte de la causa hasta que los tribunales superiores de justicia decidan si se la quedan. El PP, en boca de su portavoz en el Congreso ,Soraya Sáenz de Santamaría, "pone en cuarentena" la decisión de un juez "cuya trayectoria en este caso se ha distinguido por filtraciones a la prensa que han juzgado y condenado a determinadas personas en los medios de comunicación".
El Gobierno valenciano ha declarado que iniciará "las actuaciones judiciales que estén a nuestro alcance contra aquellas personas que hayan difamado o hayan falseado" hechos en relación a la persona del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y mostró su confianza en la Justicia y en que "en los próximos días" se aclarará la "no relación" del jefe del Consell en los hechos. Garzón imputó a 37 personas (ahora hay otras seis) en la presunta trama corrupta encabezada por Francisco Correa.
Hasta aquí nuestra andadura en proyecto integrado 2. Esperamos que hayan disfrutado y no volvernos a ver por aquí, pues sería síntoma de un suspenso.
http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/Caso/Gurtel/207/
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Malaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a#Transici.C3.B3n_Espa.C3.B1ola_.281975-1982.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_G%C3%BCrtel
http://www.network54.com/Forum/244201/message/1264884928/Resumen+del+2009+-+Co%F1azo+que+dir%EDa+ANSAR+-%29
http://www.elmulticine.com/carteles2.php?orden=1296
http://laverdadsobremarbella.wordpress.com/2010/12/01/la-trama-de-la-corrupcion-en-marbella-operacion-malaya/
http://www.hola.com/noticias-de-actualidad/27-09-2010/76969/famosos/
Trabajo realizado por:
Beatriz Pedrosa
Roxana Ahumada
2ºBach A
ecta una enfermedad nueva en España, que afecta rápidamente a un creciente número de individuos. En los primeros días surgen diversas hipótesis de urgencia sobre el origen que desencadenó la epidemia, hasta que el gobierno anuncia por televisión que la culpa de todo la tiene una partida de aceite de colza desnaturalizado, distribuido en venta ambulante. Los industriales y comerciantes que han intervenido en el proceso de importación, manipulación y distribución de este aceite son quienes se sentaron en el banquillo de los acusados. Pero a lo largo de estos años ha habido una serie de científicos que han evidenciado que el aceite pesuntamente tóxico no pudo haber sido el causante de la tragedia. Simultáneamente, otros investigadores han ido siguiendo una pista distinta, que conduce a un origen mucho más lógico para la epidemia, si tomamos en consideración todos los elementos que conformaron la intoxicación detectada en 1981. Esta pista tiene su punto de partida en una combinación insecticida, concretamente un combinado nematicida organotiofosforado que envenenó a las más de 60.000 víctimas al consumir éstas tomates de una determinada partida tratada con el aludido insecticida. La investigación por vía judicial de esta posibilidad, así como de cualquier otra hipótesis con respecto a la causa real de la enfermedad es el camino que debe de desembocar en el auténtico juicio del síndrome tóxico, con reparto de responsabilidades a quien realmente y en justicia corresponde.
El caso ERE fue denunciado ante los tribunales por el propio gobierno 
