Nueva Rumasa

¿Qué es Rumasa?

Rumasa (Ruiz Mateos Sociedad Anónima) fue un grupo de empresas español propiedad del empresario José María Ruiz Mateos, su fundador. Rumasa fue expropiada por el gobierno español el 23 de febrero de 1983, en virtud del Decreto-Ley 2/1983. El grupo Rumasa, en el momento de publicarse la disposición, estaba constituido por 700 empresas, con una plantilla que alcanzaba las 65.000 personas, facturando unos 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros) anuales. Tras la expropiación fue reprivatizada por partes.

Campos que abarca Rumasa:

La empresa fue creciendo y diversificando sus actividades, convirtiéndose así en un grupo de empresas que se apoyaban unas a otras. Rumasa estaba presente, entre otros, en los siguientes sectores:

• Banca: Banco Atlántico, Banco de Jerez, Banca Masavéu, Exbank, AVA, Eurobank, Banfisa...
• Hostelería: Cadena hostelera "Hotasa", cuyos hoteles tenían nombre de animales y plantas: "Los galgos", "Los podencos"...
• Producción vinícola: Bodegas Paternina, Garvey.
• Grandes almacenes: Galerías Preciados.
• Tiendas de lujo: Loewe.
• Educación: Colegio Izarra.

El emblema de todo el grupo de empresas era una abeja, símbolo de laboriosidad, contenida en un hexágono. El grupo producía una revista para sus empleados: La Colmena.

Polémica con el Estado:

El 23 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros del Gobierno de España decreta la expropiación forzosa del grupo al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución española. Las razones aducidas en el decreto de expropiación son:

• La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes desde el año 1978.
• La permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España.
• Los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo
• La desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos.
• La arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.
• Una deuda con la Seguridad Social de 350.000 millones de pesetas, pues no ingresaba a Hacienda el I.R.P.F. que descontaba a los 65.000 trabajadores. Este hecho fue el detonante de la expropiación porque se temía que corría peligro la economía de todo el país.

El gobierno usó la expropiación en lugar de una intervención limitada a los bancos por la complejidad del entramado del grupo y al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública e interés social, la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, y finalmente el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago por sus acciones.

Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda cuando se produjo la expropiación y uno de los responsables últimos de la misma, afirmó en 1997 que: «la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves».

La Policía Nacional española registró y precintó las distintas sedes de Rumasa el mismo 23 de febrero de 1983, iniciando así públicamente el proceso de expropiación por el gobierno español.

Los métodos de ejecución de esta expropiación hicieron que surgieran numerosas teorías conspirativas acerca de la misma. Estas teorías se detallan más abajo.

Lucha judicial

Tras la expropiación, Ruiz Mateos huye a Londres el 4 de marzo de 1983. El 1 de diciembre de 1985 es extraditado a España.

Desde ese momento se siguieron múltiples procesos judiciales, que en una primera parte tuvieron como objeto dirimir la legalidad de la operación de expropiación. Una segunda tanda de procedimientos judiciales tuvo lugar por una parte con el intento de Ruiz Mateos de recuperar diversas empresas de Rumasa y revertir su venta; y por otro lado, la Fiscalía española le demandó una responsabilidad civil de 677.500 millones de pesetas (más de 4.000 millones de euros) por el estado del grupo en el momento de la expropiación y por la inyección de dinero que necesitó posteriormente.

La primera sentencia de fundamental importancia en este asunto es la dictada por el Tribunal Constitucional el 2 de diciembre de 1983 (Sentencia TC 111/1983). La Sentencia desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido por diputados de Alianza Popular contra el Real Decreto-ley 2/1983. En la votación de la Sentencia hubo empate entre los doce magistrados que componían el Pleno del Tribunal Constitucional; dado que entre los seis magistrados favorables a la desestimación del recurso se encontraba su entonces Presidente, Manuel García-Pelayo y Alonso, el recurso fue desestimado (el Presidente tiene «voto de calidad» en caso de empate).

El Tribunal Constitucional resolvió que la expropiación era constitucional en 1991. Los Tribunales Constitucional y Supremo también acordaron en nueve sentencias que se había respetado la legalidad en la reprivatización de Galerías Preciados, Banco Atlántico, varios hoteles e inmobiliarias.

El Tribunal Supremo abrió 165 procedimientos promovidos por Ruiz-Mateos para que se le devolvieran 163 empresas del grupo, pronunciándose en contra de la reversión. Ruiz-Mateos recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la valoración de las sociedades o justiprecio (precio por acción). En 96 sociedades la valoración fue positiva y se pagaron 70,6 millones de euros a los accionistas y en 126 fue negativa.

El 12 de junio de 1997 la Audiencia Nacional absuelve a Ruiz-Mateos y a otros cuatro acusados de los delitos de falsedad y estafa. En la sentencia se consideran probadas diversas falsedades e impagos a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, aunque por los cambios normativos producidos en el Código Penal no encuentra culpables a los acusados. El 25 de marzo de 1999, el Tribunal Supremo confirmó dicha absolución, librándole de la fianza de responsabilidad civil.

Precios más justos gracias a la expropiación:

La familia Ruiz-Mateos afirmó en mayo de 2010 que iba a solicitar la ejecución de los justiprecios positivos por la expropiación de Rumasa, «reconocidos por el Estado Español en sentencias firmes» según su propia versión, y que ascenderían a la cantidad de 2.095 millones de euros y que transcurridos de 27 años dicen que continúan pendientes de pago.

Teorías conspirativas

Existe la teoría afirmando que la pertenencia de José María Ruiz Mateos al Opus Dei, y el supuesto control que este grupo católico y opuesto al PSOE ejercía sobre Rumasa, podrían haber motivado al Gobierno a realizar la intervención, ante el temor de que el grupo fuera utilizado para condicionar negativamente a la economía española, provocando así una eventual caída del Gobierno.

La justificación dada por el gobierno fue que Rumasa estaba en riesgo de quiebra, y que la conservación de los puestos de trabajo exigía una intervención estatal. Los críticos de esta intervención alegan que Rumasa no estaba en peor estado que la mayor parte de las empresas españolas de la época y que la expropiación tuvo por lo tanto motivos estrictamente políticos, ya que la Banca española, con la que el PSOE quería congraciarse, veía a un peligroso competidor en José María Ruiz-Mateos, que estaba gestionando bancos propios sin formar parte de las «familias» bancarias tradicionales españolas. Además, la intervención fue criticada al considerar que no se trataba de una expropiación amparada por la Constitución Española, sino una confiscación de carácter inconstitucional. Pese a ello, y tras un difícil debate en el Pleno del Tribunal Constitucional en el que los votos de los magistrados estaban empatados, el Decreto Ley fue considerado constitucional gracias al voto de calidad de su Presidente.

Se le achaca al Gobierno del PSOE que intentase convertir automáticamente a los empleados de Rumasa en funcionarios públicos. Fue muy gráfica la frase de Alfonso Guerra, vicepresidente entonces del gobierno español, al respecto: "To' p'al pueblo".

Los críticos insinúan que individuos cercanos al PSOE como Isabel Preysler o Marcos Eguizábal se beneficiaron económicamente de algunas operaciones de reprivatización. Independientemente de las justificaciones presentadas para la expropiación, el gobierno español de entonces vendió muy por debajo de su valor propiedades de titularidad estatal.

Venta y liquidación del grupo

Inicialmente se consideró la nacionalización del grupo expropiado, pero después se procedió a su reprivatización. No pudiendo encontrar un comprador para todo el grupo, debido a su gran tamaño, el Estado comenzó a vender empresas sueltas. Este proceso duró varios años.

Uno de los casos más comentados fue el de la venta de Galerías Preciados, una cadena de grandes almacenes con presencia en la mayor parte de las capitales españolas. Fue vendida por el Estado a los hermanos venezolanos Gustavo y Ricardo Cisneros. El precio de venta fue de 216 millones de pesetas (casi 1.300.000 euros). Poco después, estos la revendieron a la empresa británica Mountleigh por 30.000 millones de pesetas (más de 180 millones de euros). Finalmente, El Corte Inglés compró a su antiguo rival, absorbiendo todos sus centros comerciales.

El Estado tuvo que recurrir a una emisión de deuda pública especial de 560.000 millones de pesetas (3.365 millones de euros) para seguir manteniendo la empresa en funcionamiento mientras que encontraba compradores privados para las empresas que formaban el grupo. Finalmente, estos gastos superaron el billón de pesetas.

Consecuencias

La expropiación fue un proceso extraordinario que ha alimentado las páginas de los periódicos españoles durante muchos años.

Consumada la expropiación, y tras alguna protesta de Alianza Popular (principal partido de oposición al gobierno del PSOE de entonces), los medios de comunicación españoles mostraron poco interés adicional en el asunto Rumasa.

José María Ruiz Mateos, como medio de recuperar el protagonismo público, comenzó una serie de actos de protesta extravagantes que le volvieron a poner de nuevo en las páginas de los periódicos españoles y que perduran en la cultura popular contemporánea. Algunos de estos actos de protesta fueron:

• Contratación de avionetas que hizo volar sobre ciudades españolas con pancartas con textos acusando de robo al gobierno español.
• Apariciones relámpago, burlando a la policía, en actos públicos (por ejemplo, en fiestas locales) por toda España, estando en búsqueda y captura.
• El famoso incidente, muy imitado tanto en la televisión como en la calle ("Que te pego, leche", "Malvado" -con una "a" pronunciadamente alargada) que protagonizó a la salida del juzgado. En aquella ocasión golpeó en la cabeza con su puño a Miguel Boyer, ministro de economía en el momento de la expropiación. Años más tarde, una de estas frases fue utilizada en la propaganda de Bombones Trappa, modificada para la ocasión como "¡Que te atrapo, leche!".
• Anuncios televisivos de productos de la Nueva Rumasa en los que José María Ruiz Mateos aparecía galanteando a una complaciente actriz, muy parecida físicamente a Isabel Preysler, entonces esposa de Miguel Boyer.
• Presentación a las elecciones europeas ("Agrupación de electores Ruiz Mateos"), en las cuales el colegio electoral único le permitió obtener hasta dos escaños en el Parlamento Europeo. Muchos de los votos que obtuvo fueron un voto de protesta contra el sistema de partidos español.
• Apariciones ante la prensa disfrazado de Superman con el logotipo de Rumasa.

José María Ruiz Mateos ha conseguido crear un nuevo grupo de empresas, al que ha llamado Nueva Rumasa.

¿Qué es Nueva Rumasa?

La Nueva Rumasa es un grupo empresarial español perteneciente al empresario José María Ruiz Mateos creado con la vocación de reconstruir lo que era Rumasa antes de su expropiación por el estado en 1983 cuando contaba con 700 empresas.

Principales diferencias con Rumasa:

Nueva Rumasa, a diferencia de la Rumasa original, no es un holding (una empresa que posee la mayoría de las acciones de otras) sino un grupo de empresas que se gestionan coordinadamente pero sin dependencia financiera. Además, la familia Ruiz-Mateos ha evitado adquirir bancos y compañías de seguros.

Empresas más significativdas de Nueva Rumasa:

La empresa se compone de varias divisiones, en la división alimentaria destacan las marcas Cacaolat, Apis, Dhul, Clesa, Fruco, Elgorriaga o Trapa.

La división de bodegas y bebidas fabrica vino, ron, ponche, jerez o brandy, entre otros.

La empresa cuenta también con subsidarias dedicadas a la distribución, y una cadena de 18 hoteles. Además, la empresa controla el club de fútbol Rayo Vallecano del periférico barrio de Vallecas, en Madrid.

La empresa se encuentra en un proceso continuo de expansión financiado, entre otros, mediante pagarés.



Web de Nueva Rumasa

Trabajo realizado por: Jesús Navarro Mayone y Adrián García Odriozola

Fuentes: Libro 'Grandes Empresas Españolas' y Wikipedia